La libertad de educación está consagrada en Chile como un derecho en la Constitución y en el resto de nuestra legislación. En los hechos, sin embargo, las escuelas parecen no tener íntegramente ese espacio para decidir sobre lo propio.

En su trato con las escuelas, el Estado deja ver una cierta desconfianza: pesa más la duda que la confianza en la capacidad de las comunidades educativas para alcanzar sus propios fines. Sobre esa base, buena parte de la acción pública ha tendido a decidir por las escuelas, y los signos están a la vista.

La mayoría de los estudiantes del país son educados con los mismos programas e incluso los mismos libros de texto, de modo que el Estado no solo define el contenido, sino también la forma de enseñarlo. Evalúa, además, de manera única, mediante pruebas estandarizadas que dejan poco lugar a proyectos propios. Y cuenta con un extenso entramado normativo que regula hasta los detalles de la gestión cotidiana de las escuelas, desplazando hacia la autoridad decisiones que antes tomaba cada comunidad.